lunes, 23 de febrero de 2009

Cea contra invasores

En una entrevista concedida a El Caribe, el director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (Cea), Enrique Martínez, abogó por un fortalecimiento de la legislación, a fin de que los invasores de terrenos reciban un fuerte castigo.

¿Cuál es la posición del Cea acerca de las ocupaciones ilegales de propiedades públicas y privadas que se realizan impunemente?
El ordenamiento jurídico del país tiene que sufrir algún tipo de transformación en lo relativo a las invasiones de terrenos, porque cualquier ciudadano ocupa una propiedad pública o privada y el aspecto legal, el aspecto jurídico en estos momentos es muy débil, ya que los invasores no se les aplica la fuerza necesaria o el mandato de ley para recibir el castigo necesario.

¿Cómo es posible que esta situación se mantenga en un país que se supone organizado jurídicamente?
Hay una debilidad tan fuerte en la ley que prácticamente imposibilita que los invasores puedan ser apresados y luego condenados en los tribunales.

Hay una debilidad en cuanto a la legislación actual y eso hace que se nos haga cada vez más tedioso el nosotros poder confrontar y mantener no solo la vigilancia, sino la seguridad de las propiedades, porque prácticamente cualquier ciudadano inclusive puede decir, no eso es del Estado y como tal penetran, se meten, hacen construcciones para luego reclamar derechos de propiedad adquiridos.

¿Cómo podría definir usted este estado de cosas?
En lo que respecta a la propiedad de la tierra hay un estado de inseguridad, tanto en la parte pública, como en la parte privada, y yo creo que uno de los elementos fundamentales de la democracia es la seguridad jurídica, y dentro de esa seguridad jurídica está el respeto a la propiedad privada.

Entonces hay que legislar en el sentido de fortalecer esa ley para que todo el que penetre a una propiedad que sabe que no es suya, que no tiene la garantía de un título de propiedad que no ha sido asentado por el Estado dominicano en estas propiedades, pues que sepa que va a recibir un castigo al igual como si estuviera penetrando a una casa a robarse cualquier cosa porque son delitos similares.

¿Podría comentarnos algún elemento en particular dentro de la experiencia vivida por el Cea en este aspecto?
Hemos vivido situaciones verdaderamente graves y con repercusiones muy lamentables, porque lo último que estamos confrontando es que ya incluso hay tribunales de la República que reconocen ese derecho que reclaman los invasores, en función del tiempo de ocupación, porque sembraron una mata de plátanos, porque sembraron una mata de aguacate o sea, se le reconoce alguna legalidad y eso no puede ser.

Entonces, nosotros desde el Cea hemos propiciado que nadie que haya entrado de manera ilegal a nuestro patrimonio puede quedarse con terrenos que no le pertenecen. Las propiedades del CEA hay que respetarlas como tal. Nuestro departamento de recuperación de terrenos tiene en sus manos la fuerza que da la ley, que es lo de la propiedad.

¿Qué sugerencia puede formular para ir resolviendo esta situación?
Yo creo que el país tiene que abocarse a hacer un saneamiento total de todas las propiedades inmobiliarias, tanto estatales como de particulares con el objetivo de que se respete el derecho de propiedad, que es una de las condiciones más importantes, para que el país pueda tener una seguridad jurídica.

Luchan por recuperación terrenos

El Cea se encuentra en estos momentos en un proceso de recuperación de alrededor de 200,000 a 300,000 tareas de terrenos en manos de particulares de forma irregular, con fines de destinarlos a actividades productivas.

El director ejecutivo del organismo explicó que esos terrenos fueron ocupados de forma ilegal, por lo que están siendo recuperados, tomándose control y saneamiento de los mismos. Aclaró que los terrenos adquiridos por particulares mediante la contratación y el debido proceso, es decir, compra legal, el Cea respeta el derecho que tienen sus propietarios.

Asimismo, reveló que si se concretiza el proyecto de arrendamiento de terrenos cañeros habrá inversiones superiores a los US$500 millones.

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